Los acusados, un grupo familiar con negocios de hostelería, seguridad, construcción y un taller mecánico, defraudaron en torno a los 3 millones de euros a la Seguridad Social mediante un entramado de hasta 100 empresas
Han sido arrestadas un total de 13 personas acusadas de blanqueo de capitales, insolvencia punible, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Galicia un grupo familiar acusado de defraudar casi tres millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social.
El fraude consistía en crear distintas empresas con las que daban de alta en la Seguridad Social a numerosos trabajadores. Dichas empresas no pagaban los seguros sociales por lo que acababan contrayendo una deuda. Más tarde se valían de nuevas sociedades donde volvían a registrar a los empleados. Los administradores y socios al frente de las mercantiles eran familiares y empleados de confianza y utilizaban como nexo de unión una compañía con autorización RED que actuaba como gestoría del resto de empresas.
El inicio de la investigación se remonta a finales de 2014 cuando la Policía Nacional recibe una denuncia acerca de unas posibles irregularidades en la gestión de unos locales de hostelería de Vigo por parte de una empleada. La denunciante había trabajado como camarera en dichos establecimientos, observando una serie de errores en sus períodos de cotización. Los agentes continuaron tras esta primera pista que les acabó llevando a una trama empresarial que adeudaba a la Tesorería de la Seguridad Social un total de 2.781.347,61€.
De las 100 empresas que componían este entramado, 64 figuraban dadas de alta en la TGSS y habían realizado un movimiento total de trabajadores que alcanzó a 3.500 personas. Del resto de empresas 36 no estaban dadas de alta y 16 eran empleadas para la facturación de grandes sumas de dinero, con lo que obstaculizaban las labores de inspección.
Tras tomar declaración a cerca de 100 empleados se constató que la empresa familiar no comunicaba a sus trabajadores las altas y bajas en las diferentes empresas. Cuando alguno de ellos solicitó información acerca de estas irregularidades la empresa respondió con coacciones y amenazas de no pagarles el salario correspondiente en caso de no acceder al método fraudulento que llevaban a cabo. Además de esto, los empleados trabajaban horas extra (hasta 60 horas semanales) sin remuneración, a pesar de que estaban contratados a media jornada.
Esta operación se ha llevado a cabo por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social UDEF Central perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial y la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación de la UCRIF de la Comisaría de Vigo en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social.