El entramado falsificaba las pruebas necesarias para obtener el Diploma de español como lengua extranjera (DELE) y el Certificado de conocimientos socioculturales de España (CCSE), requisitos necesarios para que ciudadanos extranjeros obtengan la nacionalidad española
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la obtención fraudulenta de diplomas y certificados expedidos por el Instituto Cervantes bajo el mandato del Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia, y han detenido a 36 personas en una operación coordinada por EUROPOL y desarrollada de manera simultánea en España y Reino Unido.
Desde el año 2018 la Policía Nacional, en estrecha colaboración y coordinación con el Instituto Cervantes, viene investigando los diferentes fraudes relacionados con la obtención de los diplomas DELE y los certificados CCSE expedidos oficialmente por el citado Instituto bajo el mandato del Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia, respectivamente. Así, en noviembre del año 2020, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo un amplio dispositivo en diferentes provincias en el que 25 personas fueron arrestadas por suplantar la identidad de extranjeros residentes legales durante la realización de los exámenes para obtener el DELE.
Gracias a la información obtenida en este operativo y en las posteriores pesquisas, los investigadores han podido acreditar la existencia de una organización criminal asentada en Barcelona, con ramificaciones en Reino Unido, que iba más allá de la suplantación de identidades o la filtración de preguntas de los exámenes. En una academia donde se realizan las pruebas para la obtención de los diplomas DELE y los certificados CCSE ubicada en se falsificaban los exámenes para que aquellos ciudadanos extranjeros que carecían de los conocimientos necesarios pudieran obtener el aprobado. Superadas las pruebas de manera fraudulenta, los ciudadanos obtenían los diplomas y certificados oficiales.
El director del centro contaba con una amplia red de intermediarios y captadores compuesta por dos ramas diferenciadas, una bangladeshí y otra pakistaní, por lo que la mayoría de sus clientes eran originarios de Bangladés, Pakistán e India. Los extranjeros que acudían a ésta red pagaban de 1000 a 4500 euros por sus servicios, cantidad que variaba según el número y tipo de documentos que solicitaran, así como del número de personas que intervinieran en la consecución de los mismos. Los investigadores han podido identificar a 1667 clientes -1380 ya tendrían el DELE de manera fraudulenta-, que habrían generado a la organización un beneficio superior a los cuatro millones de euros.
En el marco de la operación se han realizado trece diligencias de entrada y registro – 12 en la provincia de Barcelona y una en Reino Unido- habiéndose intervenido, entre otros efectos, 50000 euros en metálico, 29 teléfonos móviles, 12 ordenadores personales y abundante documentación entre la que se encuentran cientos de diplomas fraudulentos.