La discriminación de condiciones laborales existente entre la gestión de unos parques de bomberos y otros dentro de la misma comunidad y del ámbito nacional lleva a la APTB-Galicia y a la MIB a tomar medidas judiciales

Desde el año 2008 en España se reconoce a los bomberos el derecho a jubilarse de manera anticipada -actualmente a los 60 años-. Esto es posible debido a que las aportaciones que este colectivo hace a la Tesorería General del Estado, son mayores durante el periodo en que  trabajan. Así, de alguna manera, se permite que estos bomberos disfruten del mismo tiempo de jubilación que el resto de españoles; ya que no se trata de algo puntual, puesto que es el mismo caso que otras profesiones como las de los mineros o los pescadores.

Y es que en el territorio nacional, un bombero muere una media de 8 años antes que el resto de españoles; esto es debido a las exposiciones a agentes tóxicos y otras circunstancias que conllevan una muerte prematura, multiplicándose entre los bomberos la incidencia de ciertos tipos de cáncer y enfermedades raras.

Pero existe una discriminación dentro del colectivo de bomberos a nivel estatal. Se trata de los bomberos que prestan su servicio a la ciudadanía, en centenares de ayuntamientos gallegos, en cientos de carreteras, en millares de parroquias y lugares. Estos bomberos están privados del derecho que reconoce la jubilación anticipada a todos los bomberos que prestan el servicio público de extinción de incendios y salvamento en el estado español, por el mero hecho de prestar este servicio a través de empresas personales ya que las administraciones tienen este servicio bajo la fórmula de gestión indirecta.

Además la Asociación de Profesionales de Técnicos de Bomberos -APTB-Galicia- y la Mesa Intersindical de Bomberos de Galicia –MIB- ya habían concluido en una junta anterior que el modelo que se está llevando a cabo en Galicia no es el deseado y que va en contra de los sistemas que se están empleando en el resto del Estado, donde los bomberos, al ser empleados públicos, pueden ejercer la función de agentes de autoridad –el mejor ejemplo es que no tienen competencia como para poder desalojar un edificio ante el riesgo de incendio, o el corte de una carretera por de un accidente-. Esto no ocurre en Galicia, donde esa capacidad está limitada sólo a los bomberos que operan en 7 grandes municipios, sufriendo el resto de la comunidad -más de 300 Ayuntamientos- esta carencia legal.

El pasado lunes, 11 de enero, la Mesa Intersindical de Bomberos de Galicia, se reunía con una comisión de trabajadores del sector, que desde hace ya 4 años están analizando todas las propuestas legales que merece la situación. La línea de estrategia, llegado el punto actual, pasa necesariamente por denunciar por la vía judicial. La reunión tenía por objeto ultimar la manera de difusión informativa a los bomberos de gestión personal de Galicia, con el fin de poder coordinar los cientos de denuncias que se pretenden presentar en los juzgados.