La Policía Aeronáutica se ocupa de que las actividades aeronáuticas privadas y deportivas se desarrollen en condiciones de seguridad, además de velar de forma especial por el control de la utilización de drones en el espacio aéreo de las ciudades y núcleos urbanos
La Policía Nacional ha desplegado en las diferentes jefaturas superiores a los agentes especializados en seguridad y protección aérea que recientemente realizaron en el I Curso de Policía Aeronáutica y Seguridad Aérea, una formación especializada dirigida a los policías que asumirán las funciones de policía administrativa de aviación civil. Con la finalidad de fortalecer la seguridad pública en general, y la seguridad aérea y operacional en especial, los agentes de seguridad y protección aérea han sido formados por expertos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AENA, ENAIRE, SENASA, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, el Ejército del Aire del Ministerio de Defensa, representantes del Ministerio de Justicia, de la Secretaría de Estado de Seguridad, y de diferentes unidades y especialidades de la Policía Nacional.
De esta manera la Policía Nacional materializa a nivel nacional el ejercicio de la competencia como Policía Aeronáutica, velando por que la aviación ajuste su actividad a las normas dictadas para su ejercicio por la Ley de Navegación Aérea, la Ley de Seguridad Aérea, el Reglamento de Circulación Aérea, el Real Decreto 1036/2017 que regula la utilización civil de drones, así como, por supuesto, la aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal o el Código Penal, entre otras, en los casos que sea necesario para prevenir o perseguir infracciones administrativas o penales.
La parte privada y deportiva de la aviación civil en nuestro país ocupa un espacio relevante para la seguridad ciudadana y la seguridad operacional de la aviación convencional. Por ello, precisa de un esfuerzo policial especializado en cuanto a la detección de aquellas conductas que incumplen la normativa con el consiguiente riesgo para la circulación aérea y la población, materializado normalmente en el sobrevuelo de núcleos urbanos o aglomeraciones de personas con aeronaves que no cumplen los requisitos para ello o que se evaden al control establecido por parte de la Dirección General de Aviación Civil o de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, lo que en definitiva trasciende del ámbito puramente infractor aeronáutico.
Los agentes ya han realizado numerosas actividades en este ámbito, como establecer relaciones con los operadores profesionales de drones, realización de informes e investigaciones de hechos que han puesto en riesgo la seguridad ciudadana y del espacio aéreo, y participan activamente en dispositivos de seguridad de eventos importantes como recientemente con la cobertura de la celebración en el Congreso de los Diputados del Día de la Constitución Española.
En este ámbito debe señalarse la activa participación en el despliegue y desarrollo del Sistema Global Contra Drones (Sistema SIGLO-CD) que la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (SGSICS) de la Secretaría de Estado de Seguridad está implementado a nivel nacional, especialmente en las ciudades y núcleos urbanos donde la Policía Nacional tiene la competencia territorial, funcional y material.
A partir del 1 de enero de 2021 que es cuando comienzan a aplicarse de manera progresiva los nuevos reglamentos europeos para el uso de drones y se introducen importantes cambios en esta actividad, tanto a nivel recreativo como a nivel profesional. Esta novedad regulatoria de la potenciación de las actividades de concienciación y difusión de la cultura de la seguridad aérea en la utilización de estas aeronaves, en los que la colaboración ciudadana y la participación de los operadores profesionales será fundamental para la seguridad del espacio aéreo y de sus usuarios.