Obligaban a los menores a cometer hurtos y robos con violencia a personas de edad mientras extraían dinero de cajeros automáticos, habiéndose esclarecido más de 200 acciones delictivas

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal presuntamente dedicada a la explotación infantil con fines delictivos. Obligaban a los menores a cometer hurtos y robos con violencia a personas vulnerables por su condición o edad mientras extraían dinero de cajeros automáticos, habiéndose esclarecido más de 200 acciones delictivas.

La investigación se inició en diciembre del pasado año cuando los agentes detectaron un aumento de las denuncias por robos y hurtos en cajeros automáticos a personas de edad por toda la Comunidad de Madrid. Una vez analizaron toda la documentación comprobaron que existía un patrón común en todas ellas lo que les hizo pensar que podría tratarse de los mismos autores.

Después de las primeras pesquisas descubrieron que existía un grupo organizado formado por varios clanes familiares que utilizaban y explotaban a menores de edad, que en muchos casos eran sus propios hijos, para cometer estos hechos delictivos. El entramado criminal tenía una estructura perfectamente definida con un reparto claro de tareas. En la cima se encontraban los padres de dos familias que se encargaban de decidir la zona de actuación de los menores para cometer los robos, así como el procedimiento delictivo.

Subordinados a ellos y bajo sus órdenes, existían patriarcas de otras familias que coordinaban las actuaciones de intermediarios, que se encargaban del transporte de los menores hasta el lugar de comisión de los hechos, participando también en tales acciones delictivas. Finalmente, el escalón inferior estaba integrado por los menores, todos sin escolarizar, que eran quienes llevaban a cabo los asaltos. En el operativo se detuvo a un total de 18 adultos y ocho menores imputables, además de hacerse cargo de otros 37 menores sin responsabilidad penal por no superar los 14 años.

Los arrestados trasladaban a los menores de país a medida que iban cumpliendo edad o que comenzaban a ser reconocidos por los agentes. Eran desplazados a otros lugares donde continuaban la actividad delictiva, incluso actuaban en otros puntos de la Unión Europea realizando lo que ellos mismos llamaban un “tour delictivo”.

El modus operandi consistía en permanecer en las inmediaciones de entidades bancarias a la espera de que una víctima -en su mayoría personas vulnerables por condición o edad- se aproximase a retirar dinero en efectivo. En el momento de realizar los reintegros, distraían y acosaban a la víctima mientras otro conseguía hacerse con el dinero. En otras ocasiones empleaban la violencia, llegando incluso a golpear a las víctimas hasta hacerlas caer al suelo.

Una vez los investigadores lograron identificar toda la estructura criminal de “cajeristas”, realizaron el pasado día 13 de octubre un dispositivo policial en el que participaron casi un centenar de agentes para la detención de todos ellos y el registro de cinco domicilios ubicados en Getafe y en Fuenlabrada. En los mismos se encontró dinero en efectivo, varios relojes de alta gama, teléfonos móviles y diversa documentación que está siendo analizada por los investigadores.

En el operativo policial han colaborado diversas comisarías de distrito y locales de Madrid y el Grupo de Menores -GRUME-, las autoridades policiales rumanas y la Agregaduría de Interior de España en Rumanía.

Tras pasar a disposición de la autoridad judicial y a la Fiscalía de Menores, se decretó el ingreso en prisión de cinco de los 26 arrestados por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación delictiva, pertenencia a organización criminal y delito contra los derechos y deberes familiares. Asimismo, cabe destacar que estas detenciones han permitido el esclarecimiento de más de 200 delitos patrimoniales cometidos en cajeros automáticos en diferentes puntos del país. Los 37 menores inimputables, también implicados en acciones delictivas, fueron puestos, a través del Grupo de Menores de la Policía Nacional, bajo la protección del Servicio de Emergencias Sociales de la CCMM y Cruz Roja.