En lo que va de año la Guardia Civil detuvo a 153 personas en la provincia de Pontevedra, sobre las que pesaban distintas órdenes judiciales para su localización o detención
La Guardia Civil detuvo a una vecina de O Vao, en Poio, sobre la que recaían dos órdenes judiciales que disponían su localización y detención, para cumplir dos sentencias penales que tenía pendiente.
Los hechos sucedieron el pasado miércoles cuando una patrulla de seguridad ciudadana del Puesto de la Guardia Civil de Pontevedra intercepta un vehículo con los cristales tintados de las puertas traseras, cuando salía del poblado de O Vao, en el municipio de Poio.
Al inspeccionar el vehículo, los efectivos de la patrulla comprobaron que en los asientos posteriores viajaba una mujer que, al ser requerida, pretendió engañar a los agentes facilitando un nombre falso, pero la perspicacia de los dos componentes de la patrulla que realizaban la diligencia de identificación los llevó a la conclusión de que, en realidad se trataba de una vecina de O Vao, conocida por sus antecedentes policiales, sobre la que recaían dos órdenes judiciales de busca y captura.
Una de las requisitorias dimanaba del Juzgado de lo Penal nº 1 de Pontevedra, por un delito de estafa y la otra del Penal nº 2, de la misma ciudad, por un delito de robo con violencia e intimidación.
Una vez se instruyeron las pertinentes diligencias, esta persona fue puesta a disposición de los órganos judiciales reclamantes que dispusieron su ingreso en el Centro Penitenciario de A Lama.
Entre los cometidos habituales de la Guardia Civil figuran los de mantener y restablecer el orden público, prevenir y evitar la comisión de delitos y detener a delincuentes y personas requisitoriadas, es decir a los “procesados en rebeldía” sobre los que haya dictada una orden judicial de búsqueda, localización y detención, ya sea para ser presentados ante la autoridad que los reclama, o para que ingresen en prisión.
A lo largo de este año, la Guardia Civil ha localizado y detenido en la provincia de Pontevedra a 153 “procesados rebeldes”, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente en su respectivo caso.