El Fiscal mantiene el cargo para ambos acusados manteniendo que “Nelson Santos levantó todos los reparos y decidió mantener la libre contratación a dedo a sabiendas de su ilegalidad”  

 

Este martes 3 de abril, en la sala nº2 de lo Penal de Pontevedra tenía lugar la celebración del juicio por Prevaricación Administrativa contra el ex-alcalde de O Porriño, Nelson Santos Argibay, y el Tte. de Alcalde entonces, José Manuel Jacobo.

De lo extraído de en el alegato del Ministerio Fiscal fueron numerosos “los reparos firmados y levantados por Santos que decidió mantener la libre contratación a dedo, una  actuación objetivamente ilegal que ha impedido la concurrencia de otras empresas, a optar al mismo servicio”.

No existían ni tan siquiera expedientes de estas empresas y los acusados conocían estas contrataciones fantasma, solo hay facturas, no constan condiciones de la prestación y todo de forma verbal. Se alude al desconocimiento, cuando el anterior alcalde, Raúl Francés,  ya había sido denunciado también por hechos similares; y a sabiendas, se continuó con la misma forma de actuación, por lo que el desconocimiento no sirve como excusa.

Es imposible que, con la cantidad de reparos existentes en los informes del Secretario y del Interventor, fuese una simple irregularidad Administrativa. Recalca el Fiscal, Óscar Bladimir que “aún sabiendo de la ilegalidad, no hicieron nada por remediarlo y sabían que era contrario a Ley”.

Ni siquiera se han llegado a hacer contratos por escrito, algunos fueron cerrados verbalmente en la Alcaldía; se fraccionaron pagos por mensualidades y tras las continuas advertencias siempre se alegaba la “urgencia”, prorrogando el servicio posteriormente sin licitar. En las Administraciones Públicas “no se puede contratar a alguien y después decir que como lo hace bien ya queda”. Así Nelson Santos reconoció en sus declaraciones recogidas en autos que “su manera de contratar es más eficaz y por disponibilidad, prefería contratar a quien él creía conveniente”.

En cuanto al Secretario Municipal, el Fiscal argumentó que “en sus declaraciones fue claro, se podía haber licitado, pero el Sr. Alcalde no quería”. Indica la Fiscalía que de la investigación se extrae que fue a partir del año 2013, cuando se empezaron a licitar los servicios en el Ayuntamiento de O Porriño “a criterio y decisión del alcalde, éste impuso su voluntad a la Ley a partir del 2013, porque comenzaron a existir denuncias”.

De hecho, durante la intervención de Fiscalía, se citó como referencia a la Concejalía de Canteras, la cual sí licitaba sus contrataciones desde un inicio, razón de más para pensar que las cosas se podrían haber hecho bien desde un principio.

El alegato del abogado de Nelson Santos, Guillermo Presa, centró sus esfuerzos en la búsqueda de errores de tipo judicial en los que escudar a su defendido, indicando una “extralimitación judicial”, pues hizo alusión a “una investigación llevada a cabo en secreto durante 7 meses e intervenciones telefónicas a Nelson Santos durante 2 meses”. Defendió que “desde el principio, Nelson Santos intentó legalizar y regularizar la situación del Ayuntamiento”, pero sostenía que “es imposible resolver en un año todas las negligencias que se cometían” y que “Santos siempre creyó que sus decisiones eran justas”.

El alegato del abogado de J.Manuel Jacobo, Ramón Amoedo, basó la defensa de su cliente en el motivo que lleva a su defendido a estar como acusado, ya que “si era Nelson Santos quien tenía la última palabra y decidía ¿por qué se pide responsabilidad para J. Manuel Jacobo?”. Y es que, de las 5 empresas (se incluye al Ingeniero) que constan implicadas “ninguna tiene relación con la acusación de Prevaricación a mi cliente, ya que los reparos fueron levantados por Santos”. Además de un dato importante, si no existían contratos y se cerraban verbalmente en el despacho de Alcaldía, que responsabilidad existe en la Concejalía de Contratación; como en el caso del Ingeniero “el Secretario y el Interventor dicen que no hablaron nunca con él, Jacobo tampoco, fue hablado con Nelson Santos, que fue quien levantó los reparos”.

Ambos quisieron dejar claro también y en varias ocasiones, que algunas de las empresas imputadas, siguen prestando servicio al actual Gobierno Local.

En el turno de palabra de los acusados, finalizando el procedimiento, Nelson Santos alegó en su defensa que “cuando llegué en el 2010 a la Alcaldía, la situación era un caos, con más de 800 facturas guardadas en un cajón”. Es una injusticia lo que se ha hecho contra mí, forma parte de una trama para echarme de la alcaldía  de O Porriño. En toda mi vida sólo había acudido a un Juzgado al registro, a inscribir a mis hijos”. Prosiguió mostrando su lado humano al Juez, hasta fue interrumpido por su Señoría hasta en dos ocasiones, debido al desvío del asunto que llevó a Santos a mencionar lo mucho que ayudó con desahucios y preferentes. Finalizó diciendo al Juez “me gustaría salir absuelto de este Juicio para poder recuperar mi dignidad y la de mi familia”.

Por su parte, José M. Jacobo fue más breve,  insistió en que “ninguno de los implicados hemos actuado con negligencia. Estas denuncias fueron anónimas tratando de inventar causas contra nosotros”. En lo referente al desarrollo del ejercicio municipal “otros gestores que han estado antes, se han preocupado por ellos mismos y no por los ciudadanos, como hemos hecho nosotros”.