Desde el 2008 el Ayuntamiento de O Porriño se ha beneficiado de más de 10 millones de euros procedentes del alquiler de los terrenos de las canteras sin que se hubiese reflejado en mejoras para los vecinos de ambas parroquias

 

Hoy en día ninguna entidad de ámbito jurídico, administrativo o académico de Galicia cuestiona el carácter vecinal de gestión de los montes pertenecientes a las parroquias.

Una realidad refrendada por las múltiples sentencias que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia -TSXG- ha emitido ante la reclamación de propiedad, formulada por las Comunidades de Montes de lugares como Cabral (el aeropuerto de Peinador), Teis (instalaciones deportivas de la Madroa), Salcedo (cuartel de la Brilat), Amoedo (polígono industrial), Xeve (matadero), Tameiga (monte Faquiña) y un largo etc…

 

Existe numerosa jurisprudencia a la hora de reconocer la titularidad vecinal de los montes, que históricamente fueron aprovechados comúnmente por los vecinos. Las canteras situadas en las parroquias de Atios y Budiño no pueden, ni van a ser, una excepción. Es indudable que forman parte de los Montes Pedra que Fala, Cerola y Faro o Carrascal y Laxedo.

 

Actualmente las Comunidades de Montes de Atios y de Budiño tienen planteadas en vía judicial sendas reivindicaciones por la titularidad de esos terrenos. Se espera que, atendiendo a la jurisprudencia existente, las sentencias sean favorables a ambas comunidades de montes y las canteras -ya que en su día fueron clasificadas, en vía administrativa, a favor del ayuntamiento de O Porriño- pasen a ser definitivamente propiedad de los comuneros de Atios y Budiño.

 

Ante esta realidad, las juntas rectoras de las comunidades de montes de Atios y Budiño hacen un ejercicio de responsabilidad y plantean a los grupos políticos de la corporación porriñesa, una propuesta de acuerdo que resuelva por la vía amistosa el pleito judicial y ponga fin a un conflicto histórico. Y es que, a lo largo de las últimas semanas, representantes de las dos comunidades, han mantenido reuniones por separado con cada grupo político con presencia en la corporación. Las reuniones tuvieron lugar en el Centro Social y Cultural de Atios. A todos se les dio traslado de la propuesta del acuerdo, que se basa en los siguientes puntos:

 

– Que se reconozca por parte del ayuntamiento de O Porriño que las canteras son monte comunal.

– Que se repartan al 50% los ingresos obtenidos por el alquiler de los terrenos.

– Que las comunidades de montes se subroguen en los contratos de cesión vigentes entre el ayuntamiento y las empresas.

– Que las comunidades renuncien al cobro de las cantidades reivindicadas desde la finalización del anterior convenio, en 2007.

El conflicto por la titularidad de los terrenos donde se encuentran las explotaciones de granito de O Porriño, lleva muchos años consumiendo esfuerzos y cuantiosos recursos tanto del Ayuntamiento como de las parroquias de Atios y Budiño. Este asunto ha sido causa a lo largo del tiempo de enfrentamientos entre los vecinos afectados y los distintos gobiernos locales, insensibles a las legítimas demandas de las parroquias.

 

Desde el año 2008 el Ayuntamiento ha recaudado de las empresas mineras, en concepto de alquiler de los terrenos, una cantidad superior a los 10 millones de euros; ingresos que no han revertido de forma alguna en  mejoras para los vecinos de las parroquias afectadas por la actividad extractiva. Ante la imposibilidad de encontrar una salida consensuada con el Ayuntamiento, las dos comunidades de montes decidieron recurrir a la vía judicial civil para que se le reconozca la titularidad legítima de las canteras.

 

Se trata de una propuesta generosa por parte de las parroquias que más sufren el impacto de la actividad minera, pero también es justa y beneficiosa para ambas partes. “Esperamos que los grupos políticos de O Porriño actúen en defensa de todos los vecinos, no sólo de los de Atios y Budiño”. Este acuerdo debería ser refrendado en pleno por unanimidad, lo que exige una postura común de toda la corporación. De no ser ratificado el acuerdo, el Ayuntamiento se expone a una pérdida del 100% de los ingresos -alrededor de dos millones de euros- que actualmente percibe en concepto de alquiler de las canteras.