Redacción 22/07/2014

En el texto, firmado por los trece alcaldes y el presidente de la Diputación,  se solicita  al Gobierno que paralice la tramitación de Proyecto de Reforma, así como que se elabore un estudio pormenorizado del mapa judicial, que tenga en cuenta la opinión de los ayuntamientos y de las instituciones y entidades de todo tipo, y que desemboque en una Ley acorde con la realidad, con la particularidad y con el futuro de nuestra provincia

El alcalde de Porriño, Nelson Santos Argibay,  acudió la mañana del lunes,   a la reunión convocada por el presidente de la Diputación de Pontevedra,  Rafael Louzán, a la que también estaban emplazados los regidores de los doce restantes ayuntamientos de la provincia de Pontevedra con sede judicial afectados por el Proyecto de Reforma de la Planta Judicial impulsado por el Ministerio de Justicia, con el fin de de coordinar acciones para impedir su aprobación en los términos previstos actualmente , elaborar una estrategia común y, ante todo, concordar una postura unitaria que logre paralizar la tramitación de este Proyecto  de Reforma.

La supresión de los partidos judiciales y la revisión del mapa judicial que contempla este Proyecto,   afectaría directamente a nuestro municipio al ser el cabeza del partido judicial   formado por Porriño y los ayuntamientos limítrofes de Salceda y Mos.  La sede judicial en Porriño, compuesta por tres juzgados de primera instancia, presta servicio a un total de 43.162 personas habiendo ingresado un total de 6.800 asuntos en el año 2013.

En el encuentro de esta mañana, que cumple con el acuerdo aprobado en el pleno de la Diputación del pasado 30 de abril en el que se decidió exigir por unanimidad la retirada de esta reforma judicial además de instar a la  Xunta de Galicia a reclamar del Gobierno del Estado el mantenimiento de los partidos judiciales de la provincia, el alcalde de Porriño,  Nelson Santos,  el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, y los alcaldes de  A Estrada, Pontevedra, Caldas de Reis, Cambados, Vilagarcía de Arousa, Marín, Cangas de Morrazo, Redondela, Vigo, Ponteareas y Tui elaboraron un manifiesto que será remitido al Ministro de Justicia , don Alberto Ruíz Gallardón.

El texto, firmado por los trece alcaldes y el presidente de la Diputación,  recoge una exposición de motivos en base a los cuales se solicita  al Gobierno que paralice la tramitación de Proyecto de Reforma, así como que se elabore un estudio pormenorizado del mapa judicial, que tenga en cuenta la opinión de los ayuntamientos y de las instituciones y entidades de todo tipo, y que desemboque en una Ley acorde con la realidad, con la particularidad y con el futuro de nuestra provincia:

  1. Galicia y, en particular, la provincia de Pontevedra – con dos grandes ciudades, Vigo y Pontevedra- tienen una configuración poblacional y de núcleos de asentamiento territorial que las particulariza, individualiza y distingue frente a otras comunidades y provincias del Estado.
  2. La crisis demográfica, el envejecimiento de la población, y el mayoritario asentamiento de esta en torno al Eje Atlántico pivotando sobre Vigo y Pontevedra y el despoblamiento de la zona rural, son gravísimos y estructurales problemas que trascienden a siglas y colores políticos y que a todos aúnan en el objetivo de ponerles freno y propiciar un reequilibrio territorial que asegure la supervivencia y el futuro de nuestra Comunidad y de nuestra provincia.
  3. En este objetivo común de reequilibrar el territorio y la costa e interior, el Proyecto de Reforma de  la Planta Judicial supondría, de modificarse el actual maña de partidos judiciales, un perjuicio evidente a la vista del indudable efecto vertebrador que la actividad Judicial implica en las zonas donde se desenvuelve actualmente.
  4. Perjuicios que, entre otros, van desde una más costosa accesibilidad a la Justicia debido al alejamiento de ella del justiciable, hasta las consecuencias socioeconómicas que la desaparición de los Juzgados acarrearía en todos los sectores de las comarcas, pasando por la pérdida de identificación psicocultural que cada ciudadano tiene con su entorno y que agravaría la actual merma poblacional al carecer de servicios fundamentales en las capitales comarcales.

Asimismo, el Concejal de Servicios Jurídicos y Patrimonio, Carlos Martínez, y el alcalde de Porriño, Nelson Santos, se reunieron con el Decano del Colegio de Abogados de Pontevedra, Ramón Jáudenes y con abogados de Porriño para apoyar al colectivo con una moción plenaria y recogida de firmas para que se paralice el Proyecto de Ley de la Reforma de la Planta Judicial.

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