SUCESOS

Redacción 04/08/2020

Las víctimas, todos ellos varones de nacionalidad pakistaní, eran empadronados en domicilios vizcaínos previo pago de 3.000 euros, y eran explotados en fruterías sin contrato ni alta en la seguridad social

 

Debían pagar entre 8.000 y 10.000 euros por el traslado desde Pakistán a España y, a los tres años, la organización les ofrecía un contrato de trabajo legal a cambio de 8.000 euros para poder solicitar la tarjeta de residencia en España

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