En el año 2005, la familia de un ciudadano colombiano presenta un certificado de defunción en la compañía de seguros en España, donde el fallecido tenía un seguro de vida tras su residencia, la cual abonó sobre 200.000 € de indemnización por fallecimiento
En el año 2019, un ciudadano colombiano solicita asilo en España y presenta la documentación en la Comisaria de Vigo para tener su residencia temporal por asilo, donde se comprobó que la huellas dactilares correspondían a otro ciudadano residente anteriormente en nuestro país