Redacción 01/09/2017

 

El comité de empresa del consorcio de bomberos de Pontevedra, tras estar presente en el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Vilagarcía, debatiéndose la moción de apoyo presentada por el grupo IU, quieren transmitir su agradecimiento a todos los grupos políticos, por el apoyo demostrado en la votación de dicha moción.

 

Señalaba desde el consorcio, que se sorprendían de que algunos grupos políticos que en su día desde el organismo provincial y autonómico contribuyeron a la privatización del servicio de extinción de incendios y salvamento en las cuatro provincias, hoy a nivel municipal, se retractasen y votaran a favor de la recuperación del servicio de bomberos.

Señalaban que al final, los distintos Ayuntamientos, son los que sufren la precariedad de las condiciones en la que estos trabajadores prestan sus servicios.

Comentaban que durante quince años, los trabajadores del consorcio contraincendios de Pontevedra, han cumplido de manera intachable su trabajo, con un número ínfimo de trabajadores por guardia, incumplimientos por parte de las distintas empresas gestoras, amenazas de dichas contratistas, despidos injustificados, retrasos en los pagos, condiciones laborales lejos de las que gozan otros parque públicos de Galicia. Es por ello, por lo que creen que se ha motivado esta unanimidad, en la votación del pleno de ayer y de la que reiteran su gratitud.

En segundo lugar, quieren aclarar que en el pleno, se hizo referencia a la duración en que la concesión de los parques de bomberos fue adjudicada, 8 años, más cuatro de prórroga, por lo que imposibilitaría o haría muy dificultoso el rescate de la concesión.

En cuanto a esto, quieren señalar que dicho contrato se está realizando de manera ilegal, ya quese trata de un contrato de servicios, por el cuál no se podría exceder de cuatro años más dos de prórroga, demostrado por sentencia judicial en la provincia de Coruña y hecho efectivo recientemente en Ourense. En el caso de Pontevedra, por no haberse presentado denuncia por otras empresas interesadas, la concesión ha seguido adelante como comentaban, de manera ilegal.

Terminaban su comunicado, queriendo transmitir que se deben pasar de las palabras a los hechos y no quedar todo en un mero formalismo o puesta en escena. Señalaban así, que “Si la empresa no cumple, se debe sancionar o rescindir de su contrato y si la verdadera voluntad es la de la recuperación de los servicios públicos, se debe ser proactivo y no permanecer en la butaca de la tranquilidad viendo el río correr”.

 

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