Ha emprendido una serie de medidas sancionadoras en contra de los delegados sindicales entre los que se encuentra Adrián Pena Rey, también bombero del Parque Comarcal do Morrazo 

 

El comité de empresa del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Pontevedra, formado por los sindicatos UGT, CCOO, CIG y SIBGAL, ha sufrido las consecuencias de haber llevado a cabo denuncias, tanto públicamente a través de la prensa, como ante inspección de trabajo.

Este comité de empresa presentó una denuncia ante inspección de trabajo con una serie de incumplimientos en materia laboral y de prevención de riesgos, por parte de la empresa concesionaria.

Días después de esta denuncia han comenzado las sanciones a los delegados de personal, con un claro fin amenazador. “La empresa de manera unilateral ha hecho una reinterpretación del convenio y ha empezado a aplicar sanciones disciplinarias a sus delegados, de modo más propio de organización pseudomafiosa, que de empresa seria”.

Este comité recuerda que “esta empresa madrileña que se lucra con los beneficios de una concesión pública por 21 millones de euros, ha dejado caer al servicio de bomberos en un total abandono”; desde entonces “en este colectivo tenemos la sensación de que, solo la dedicación y el respeto que los bomberos tenemos por nuestro trabajo, es lo único que permite que se siga prestando un servicio eficaz”.

Las denuncias formuladas por los delegados ante el TSXG e inspección de trabajo, por la aplicación de IPC negativo, bajando los sueldos a los trabajadores, estaban perfectamente fundamentadas. Tanto es así que, el Tribunal superior dio la razón a los bomberos y su sentencia obliga a reponer los salarios, mientras que inspección de trabajo estimó que 18 puntos denunciados, eran incumplimientos de legislación laboral.

“La situación, a nuestro parecer es del todo intolerable y la diputación de Pontevedra debe tomar cartas en el asunto como prestadora del servicio, pues intolerable que la firma madrileña pretenda acallar al colectivo a través de la coacción y el miedo” remarca este comité que ” seguirá denunciando todo aquello que vaya contra el servicio y contra los trabajadores, que son el activo más importante que tiene este Consorcio”.

Adrián Pena Rey fue el primero de los delegados del comité de empresa del Consorcio Provincial de Bomberos de Pontevedra sancionado por la empresa Matinsa (grupo FCC). La primera sanción correspondía a “dos días de empleo y sueldo, aunque posteriormente ha sido rebajada”.

Adrián afirma que para la empresa Matinsa “los delegados actuales somos un grano en el culo, sobre todo últimamente, ya que por motivos obvios, tuvimos que denunciar muchas irregularidades, como el tema de los trajes que aparecieron en Seganosa, inspección de trabajo -18 expedientes abiertos-, la reducción de salario por el IPC, no reforzar en alerta roja, etc. Como no les gusta lo que hacemos, Matinsa sacará de la chistera su particular ley mordaza, con el fín de entorpecer nuestra actividad sindical y meternos miedo. Entiendo que esto es una persecución sindical en toda regla, espero que el juez opine lo mismo.

Respecto al miedo a represalias este delegado afirma “por supuesto que tengo miedo, esta empresa no sólo se dedica a jugar con dinero público, sino también con nuestros puestos de trabajo. Aún así, “si se piensan que con el miedo nos van a parar, están equivocados, por responsabilidad vamos seguir defendiendo no sólo los derechos de los trabajadores, sino también el de los vecinos”.