El actual Ayuntamiento porriñés ha retirado el recurso de apelación haciendo que la sentencia que anula la licencia de actividad sea firme y poniendo así punto final a la situación irregular de estas instalaciones de tiro al plato

 

La sentencia 232/2015 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra pone fin a 17 años de funcionamiento irregular del campo de tiro de Atios. Estas instalaciones se pusieron en funcionamiento gracias a la licencia de actividad y obra provisional concedida por el anterior gobierno presidido por Nelson Santos. Tras la mencionada sentencia, la Sociedad de Tiro Rosa Porriño La Venatoria perderá su licencia, al finalizar la actividad en este campo de tiro al plato.

Eva García de la Torre, actual alcaldesa de O Porriño, cumple de este modo la promesa que hizo tiempo atrás a los vecinos de Atios, si bien es cierto que en un primer momento la sentencia en cuestión fue recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Finalmente, el gobierno local pone fin a esta actividad ilegal al retirar el recurso, un gesto que aplaude la Comunidad de Montes de Atios, así como gran parte de sus vecinos.

Tras el martes 2 de marzo, la corporación local deberá instar al cierre del campo de tiro sin más dilación. De no proceder inmediatamente al cierre de las instalaciones, la Comunidad de Montes acudirá a los órganos administrativos o judiciales que corresponda para que se acate la sentencia y se proceda al cierre efectivo del campo ilegal.

Los comuneros de Atios lamentan que esta sentencia sea fruto de la presión vecinal y que hayan tenido que ser los tribunales los que hayan puesto fin a esta situación, ya que consideran “el Ayuntamiento de O Porriño, su Policía Local, la Guardia Civil e incluso la Policía Autonómica han hecho la vista gorda a pesar de que eran conocedores de que el campo de tiro carecía de los requisitos legales para continuar con su actividad”.

Por otro lado, la comunidad de montes no descarta interponer una demanda ante los responsables que han permitido que este campo haya permanecido 17 años funcionando de forma ilegal. Otras acciones que se plantea son la exigencia de reparación del daño ambiental causado durante estos años (por la acumulación de residuos derivados del tiro al plato, como son cerámicas, cartuchos, plomo…), una compensación por la afectación de los cultivos forestales situados en el área de impacto del campo de tiro, así como otras acciones que estime procedentes.