La conductora dio aviso al 112 indicando que no podía llegar por el estado en el que se encontraba tras la ingesta de bebidas alcohólicas
Una vez localizada por una patrulla y tras la realización de una alcoholemia resultó cuadruplicar la tasa permitida
La Guardia Civil investiga por un delito contra la seguridad vial a una conductora que solicitó ayuda para llegar a su puesto de trabajo alegando que se encontraba indispuesta por haber ingerido bebidas alcohólicas.
El pasado fin de semana, el servicio de emergencias 112, recibía la llamada de una usuaria que viajaba por la autovía A-52, de Ribadavia a Vigo, requiriendo la presencia de la Guardia Civil para que la trasladaran a su lugar de trabajo, debido a que no se encontraba en condiciones de conducir tras la ingesta de bebidas alcohólicas.
A continuación, el operador de la central COTA de la Comandancia de Pontevedra atendía la llamada para conocer su ubicación, orientando a la usuaria para que estacionase el vehículo en un lugar seguro, lo más alejado posible de la calzada.
Instantes después, una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de O Porriño localizaba al vehículo estacionado en el arcén de la autovía, a la altura del km. 274, en el municipio de A Cañiza.
La conductora (de entre 40-50 años), que se encontraba dentro del vehículo, ratificó a los componentes de la patrulla que había llamado al 112, solicitando ayuda para llegar a su puesto de trabajo, en Vigo, ya que se encontraba indispuesta por haber ingerido bebidas alcohólicas.
Al ser requerida para realizar las pruebas de alcoholemia dio un resultado positivo con una tasa de 1,04 mg/l en aire espirado, lo que supone algo más de cuatro veces la tasa máxima permitida.
Una vez retirado el vehículo de la autovía por una grúa, la conductora fue trasladada al acuartelamiento de O Porriño, donde se le notificó su condición de investigada como presunta autora de un delito contra la Seguridad Vial. Las diligencias instruidas se remitieron al Juzgado de Instrucción de guardia de Ponteareas.
La conductora, de ser considerada culpable por la Autoridad Judicial, se enfrenta a una pena de prisión de 3 a 6 meses, o con la multa de 6 a 12 meses, o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, con la privación de conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.