La Guardia Civil realizo el pasado fin de semana una especial vigilancia de los accesos motorizados identificando y denunciando a una veintena de conductores de motos y vehículos todoterreno

 

 

El pasado fin de semana la Guardia Civil realizó un dispositivo para prevenir el acceso incontrolado de vehículos a motor, en los montes de la comarca de A Louriña y su entorno, con el objeto de prevenir los estragos que se venían produciendo en el patrimonio natural y forestal de la zona.

El incremento de la circulación de vehículos a motor en los montes de los municipios de O Porriño y Salceda de Caselas durante los últimos meses, ya había motivado la denuncia de varias Comunidades de Montes y demás usuarios, que ponían de manifiesto el grave perjuicio causado por las motos y los quads en el medio natural y forestal del entorno.

Por tal motivo, durante la mañana del pasado domingo día 21, se realizaron de modo simultáneo varios puntos de control en los parajes forestales de los dos municipios. El operativo fue coordinado por el Puesto Principal de la Guardia Civil de O Porriño, que contó con la participación de las patrullas del SEPRONA de Vigo y O Porriño, así como la importante colaboración de los Agentes Medioambientales del Distrito XVIII Vigo-Baixo Miño.

Además de la labor disuasoria, evitando el acceso y uso indiscriminado de las pistas forestales, por medio de estos controles se identificaron y denunciaron a una veintena de conductores de motos y vehículos todoterreno; no solo por infringir la normativa que prohíbe la circulación por una zona forestal, sino también por concurrir otras infracciones del Reglamento General de Circulación, como carecer de ITV y seguro de responsabilidad civil, no respetar el cumplir el cierre perimetral y no utilizar mascarillas.

La Guardia Civil tiene encomendadas competencias en materia de conservación del medio ambiente y demás aspectos relacionados con la naturaleza. A través del SEPRONA -Servicio de Protección de la Naturaleza- colabora y es un apoyo imprescindible, para que las autoridades de las diferentes Comunidades Autónomas cumplan sus cometidos administrativos en la materia.