Se le acusa de haber estafado a una treintena de empresas y organismos públicos de las provincias de Pontevedra y A Coruña

No remitía al laboratorio las muestras de agua que recogía y presentaba informes falsos de las analíticas para economizar gastos

 

 

La Guardia Civil detuvo al responsable de una empresa que se dedica a realizar tratamientos de desinfección y control de plagas, al que se le acusa de haber falsificado los informes con los resultados de los análisis del agua y legionela, de cerca de una treintena de empresas y organismos públicos de la provincia de Pontevedra y A Coruña.

Las investigaciones iniciadas por la Sección del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra en el marco de la denominada operación “Legiogal”, dieron comienzo el mes de octubre del pasado año, a raíz de la denuncia presentada por un ayuntamiento de esta provincia, siendo este el lugar donde se detectaron las primeras irregularidades.

A raíz de las averiguaciones llevadas a cabo por el SEPRONA, esta empresa, ubicada en la provincia de Pontevedra, era la encargada de analizar el agua de la traída municipal, la legionela de las instalaciones deportivas, las fuentes y la piscina municipal. Al carecer de medios propios para realizar los análisis, el responsable de la empresa remitía las muestras a un laboratorio externo que debería emitir los resultados correspondientes.

Según se pudo comprobar, con el objeto de ahorrar los honorarios que cobraban por los análisis, un alto porcentaje de las muestras de agua y legionela recogidas por esta empresa en el ejercicio de las funciones que tenía encomendadas, no sólo no las remitía al laboratorio de referencia, sino que justificaba su gestión entregando en el ayuntamiento el informe de las analíticas que no se habían hecho, utilizando para ello impresos falsificados del mismo laboratorio, que cubría con datos evidentemente falsos.

A partir de este momento se constituye un equipo de trabajo mixto entre el SEPRONA y el Servizo de Control de Riscos Ambientais, de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, con el objeto de valorar la posible afectación a la salud pública, el número de empresas afectadas y la cantidad de análisis de aguas de consumo; así como para detectar legionela que presumiblemente se habrían falsificado.

Tras un minucioso análisis de posibles afectados por esta mala praxis se pudo constatar que la empresa investigada pudo haber estafado, al menos, a 27 de sus clientes, habiendo falsificado un total de 159 análisis de aguas, en su gran mayoría los relativos a los tratamientos de legionela.

Entre los clientes supuestamente estafados, además del ayuntamiento que formuló la primera denuncia, que fue donde se descubrieron el mayor número de falsificaciones (26 en total), también se detectaron otros 26 establecimientos, en su mayor parte hoteles, restaurantes e incluso dos centros públicos de enseñanza en las provincias de Pontevedra y A Coruña.

El mayor número de locales donde se detectaron informes falsificados pertenecen a la provincia de Pontevedra, con 26 casos en total. En su mayor parte están ubicados en la comarca de Arousa (Villagarcía, Cambados y Meaño), aunque también se detectaron afectados en otras zonas de la provincia, como: Vigo, A Estrada y Caldas de Reis.

En la provincia de A Coruña otros seis establecimientos que tenían contratados sus servicios con la misma empresa, fueron víctimas de la misma estafa: 4 de ellos en Padrón y dos en Ribeira.

Las investigaciones concluyeron con la detención del gerente de la empresa denunciada por un delito  continuado de estafa a una pluralidad de personas, 27 establecimientos hasta la fecha identificados, que habían contratado la prestación de unos servicios retribuidos que no se prestaron, habiendo sido engañados mediante la comisión de un delito continuado de falsedad documental al recopilarse un total de 159 documentos, boletines de informes analíticos entregados a estos establecimientos, como proceso final del servicio contratado.

Al mismo tiempo, se llevó a cabo un registro en la sede social de la empresa encartada, donde se incautaron varios ordenadores y dispositivos de almacenamiento masivo que están pendientes de peritar.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Cambados que decretó su libertad provisional con cargos.