Redacción 16/03/2018

La resolución afectará a 1000 trabajadores gallegos y llega tras las denuncias de la CIG

 

En una decisión sin precedentes, la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo, con sede en Madrid, viene de comunicarle a la falsa cooperativa catalana Servicarne que tiene que proceder a dar de alta en el régimen general de la Seguridad Social a los alrededor de 5000 trabajadores/las que tiene en el conjunto del Estado español. La resolución, que afectará a más de 1000 empleados gallegos, llega tras las cientos de reclamaciones individuales tramitadas por la CIG ante la autoridad laboral; y de la denuncia por fraude en la contratación presentada por la central en los Juzgados.

Esta decisión obligará las empresas a las que Servicarne les cede trabajadores a tener que incorporarlos a sus cuadros de personal como empleados propios, tal y el caso de Frigolouro -del grupo Coren-, a la que la Inspección de Trabajo de Pontevedra ya le comunicó que tiene que hacerlo antes del próximo mes de noviembre.

De este modo, los 250 falsos autónomos dependientes de Servicarne que desarrollan su labor en la compañía de O Porriño deberán pasar a formar parte del cuadro de personal con los mismos derechos que el resto de trabajadores.

Es de aguardar que la autoridad laboral de las otras dos provincias (Ourense y Lugo) comunique próximamente la decisión al resto de empresas usuarias del personal de la falsa cooperativa, que en el caso gallego si circunscribe prácticamente a la cooperativa orensana Coren, ya que cuenta en sus instalaciones con cerca de un millón de trabajadores de Servicarne -contando lo que trabaja para Frigolouro-. En la provincia de Lugo operan otras firmas, pero con menos cuadro de personal, como es el caso del Grupo Sada, dedicada a la producción avícola. 

Los trabajadores afectados podrán, desde ese instante, reclamar con carácter retroactivo  la devolución de las cuotas de autónomos, abonadas desde hace cuatro años.

La CIG iniciará en breve la presentación de las demandas individuales de cada cooperativista que quiera hacerlo. De hecho, muchos de ellos ya han comunicado su intención de reclamar en las concurridas asambleas celebradas por la CIG en Lugo, Ourense y en O Porriño, para informar de la resolución.

Al mismo tiempo, la resolución de la Dirección Especial de la autoridad laboral -que coordinó todas las Inspecciones de Trabajo de las provincias españolas con presencia de Servicarne-, contempla la descalificación administrativa de la falsa cooperativa. También es muy probable que sea sancionada por fraude en la contratación.
Fraude en la contratación
Los responsables de la FGAMT-CIG de Vigo que hoy comparecieron en ronda de prensa junto a dos delegados sindicales de la central en Frigolouro para valorar la decisión de la autoridad laboral consideran más que probable que las empresas afectadas presenten recursos en los Juzgados contra la resolución, por lo que auguran un proceso largo que seguro llegará hasta el Tribunal Supremo. Con todo, entienden que “se logró el paso más importante” y confían en que de una vez por todas “se ponga fin con la esclavitud 2.0 que padece el personal de Servicarne”. El mérito es de todas las personas que tuvieron la valentía de denunciar y de participar en las protestas

El secretario comarcal de la federación, Suso García, señaló “la responsabilidad del Gobierno central y de la Xunta por permitir esta situación y la complicidad de CCOO y UGT, que miran hacia otro lado, cuando no se posicionan con las empresas, como sucedió en el caso de las movilizaciones de Frigolouro, cuando le pidieron al personal que abandonara las protestas tras la amenaza de la empresa de que no iban a pagar las nóminas”. Además, recordó que “las centrales estatales -que ahora, sobre todo una de ellas, están intentando anotarse el tanto- nunca se preocuparon por regular la contratación de personal en los convenios del sector”.

En este sentido, quiso dejar muy claro que el mérito es sólo del éxito de las movilizaciones desarrolladas por los trabajadores, que contaron con el apoyo y con el asesoramiento jurídico de la CIG”. En especial citó “al ciento de valientes que se decidieron a denunciar delante de la Inspección de Trabajo y a todos aquellos que participaron en las numerosas protestas convocadas en Frigolouro, en Coren, en la Xunta en Vigo y en la Subdelegación del Gobierno en Ourense”.

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