La organización abastecía tanto al mercado nacional como al internacional, para lo que contaba, además, con varias naves para almacenar la materia prima y con remoques de gran tonelaje cargados con el producto final y aparcados en estacionamientos de camiones

 

 

En una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria se han desmantelado tres fábricas de tabaco ilegales ubicadas en las provincias de Murcia, Alicante y Madrid que, en conjunto, contaban con una capacidad de producción de cerca de 18.000 cigarrillos por minuto. Con esta actuación son ya 23 las fábricas ilegales de cigarrillos desactivadas hasta la fecha en España.

 

En el marco de la operación, denominada ‘Centinela-Cervel’, se ha procedido a la detención de 38 personas, con lo que se considera desarticulada la estructura en España de una organización altamente especializada y con una gran capacidad logística que, bajo la dirección de ciudadanos búlgaros, abastecía el mercado negro nacional e internacional con hasta 14 marcas distintas falsificadas.

 

También se ha procedido a la aprehensión de 43.160 kilos de picadura de tabaco y 1.443.000 cajetillas, todo ello con una valoración estimada de más de nueve millones de euros, así como a la incautación de seis vehículos, una cabeza tractora, dos camiones-remolque y diversa maquinaria dispuesta para realizar el proceso completo de fabricación y empaquetado.

 

La labor previa de los investigadores, desarrollada durante meses, había puesto de manifiesto la existencia de una serie de instalaciones clandestinas vinculadas a una organización criminal integrada mayoritariamente por ciudadanos búlgaros y ucranianos, contando varios de ellos con antecedentes por hechos similares.

 

Junto con las tres fábricas, se han detectado, además, varias naves ‘de seguridad’ para el almacenaje de la mercancía y maquinaria hasta su traslado a las cadenas de producción. También se ha desmantelado una estructura estable de trasporte por carretera, tanto de las materias primas para el aprovisionamiento de las fábricas, como de las cajetillas de cigarrillos para su distribución en el mercado de contrabando. Para ello, la organización se servía de camiones de gran tonelaje.

 

Dado el elevado número de marcas de cigarrillos falsificadas, se sospecha que la organización fabricaba bajo demanda, produciendo tanto marcas de consumo en el mercado nacional, caso de ‘Fortuna’, ‘Winston’, ‘L&M’ o ‘Chesterfield’, como otras de consumo en mercados de otros países de la UE.

 

La fase de explotación de la operación se realizó simultáneamente en los distintos centros de fabricación y almacenaje a finales del pasado 25 de septiembre, cuando la organización se encontraba a punto de iniciar la producción en la tercera de sus fábricas, la situada en Albatera (Alicante).

 

En esta nave industrial estaban dispuestas dos líneas de producción de cigarrillos, completamente instaladas para su entrada en funcionamiento inmediato, hasta el punto de que ya se encontraban los trabajadores en la fábrica, con todos los elementos necesarios para comenzar la producción ilícita de cigarrillos y toda la maquinaria instalada.

 

En la nave de Albatera se procedió a la detención de 11 personas de nacionalidad búlgara (5), ucraniana (5) y rusa (1), y se intervino la maquinaria, cartonaje para envasado de cigarrillos de distintas marcas, y distintos materiales necesarios para el empaquetado, así como 12.960 kilos de hoja de tabaco y picadura, además de varios vehículos.

 

Las otras dos fábricas se encontraban en pleno funcionamiento y con doble línea de producción. En la situada en la localidad de Blanca (Murcia) se detuvo a 14 personas (8 ciudadanos búlgaros y 6 ucranianos) y se procedió a la intervención de 41.840 cajetillas de cigarrillos de múltiples marcas, 1.800 kilos de hoja de tabaco picada y diverso material de fabricación y maquinaria.

 

A su vez, en la fábrica situada en Villanueva de Perales (Madrid) se procedió a la detención de otras 12 personas (4 de nacionalidad búlgara y 8 ucraniana) y se intervinieron 462.533 cajetillas de cigarrillos ya elaboradas, 4.900 kilos de hoja de tabaco picada y el correspondiente material de fabricación y maquinaria. Entre estos detenidos destacan los cabecillas de la organización criminal en España, habiéndose decretado prisión provisional para sus tres máximos responsables.

 

Una característica de esta organización era su cautela y capacidad de reacción ante cualquier eventualidad desde el punto de vista logístico. Por un lado, contaban con diversas naves que los investigadores denominan ‘de seguridad’, dado que su papel era almacenar los materiales y la materia prima hasta el momento en que era necesario su traslado a la cadena de producción en las fábricas.

 

Durante la explotación de la operación se han registrado tres naves de estas características, en las localidades de Illescas (Toledo) y Alcalá de Henares (Madrid). En Illescas se detuvo a la persona que controlaba una de las naves, un ciudadano búlgaro, y se intervino abundante material de fabricación, 4.800 kilos de hoja de tabaco (‘strips’), cuatro vehículos y un camión remolque. En la nave de Alcalá de Henares se procedió a la incautación de 439.290 cajetillas de diferentes marcas.

 

Además de estas naves, la organización utilizaba también remolques-tráiler para el almacenamiento de cigarrillos y materiales, remolques que mantenían en aparcamientos públicos destinados al estacionamiento de camiones en general. En uno de estos aparcamientos, situado en la localidad de Móstoles (Madrid), se han intervenido 500.000 cajetillas y 18.700 kilos de hoja de tabaco picada que se encontraban ocultas en dos remolques.

 

Con el desmantelamiento de la estructura en España de esta organización y sus fábricas ilegales se evita un importante perjuicio económico a la Hacienda Pública y también la competencia desleal que la actividad ilícita ocasiona a los operadores legalmente establecidos, así como un perjuicio sanitario a los consumidores, dado el nulo control al que están sometidos los cigarrillos producidos ilegalmente.

 

Las investigaciones, iniciadas bajo el amparo de la Fiscalía de Elche, se instruyen actualmente en los juzgados de Instrucción de Orihuela (Alicante), Cieza (Murcia), Navalcarnero (Madrid) e Illescas (Toledo).