Pedro Ocampo solicitará en el próximo Pleno aclaración sobre las numerosas cuestiones y dudas que plantean a la alcaldesa de O Porriño  

 

El pasado jueves 26 de octubre, la Alcaldesa de O Porriño sorprendía con una nota de prensa en la que se mostraba a favor de la nueva Ley de Minas. Eva García decía que “la Ley permitirá agilizar y simplificar los trámites que hay que completar para obtener permisos de explotación”, en un sector que para la regidora “constituye una de las señales de identidad y una importante fuente de riqueza para O Porriño”. Habla además de que “esta reducción de la burocracia no supondrá una merma de las exigencias que las empresas tienen que cumplir respeto al medio ambiente o seguridad laboral, como por ejemplo”.

Pues bien, desde EU-SON han acordado solicitar en el próximo Pleno:

“PRIMERO: Que la Alcaldesa explique las siguientes cuestiones:

1. ¿De qué riqueza está hablando? ¿Puede dar a conocer a los vecinos y vecinas la cuantía de la deuda que las explotaciones mineras tienen con el Ayuntamiento por la ocupación del suelo? Los datos de que disponemos,facilitados por Intervención, hablan de cinco millones de euros, pero faltan por actualizar algunos años, con el cual podríamos estar hablando de más de siete millones. ¿Cómo es posible que se lleguen a acumular impagos a las arcas municipales de tal magnitud, que se desconozca a día de hoy la cantidad real de deuda o si se están generando intereses por demora? Con esa deuda acumulada, ¿puede la alcaldesa asegurar que la minería es una fuente de riqueza para el municipio?; tiene algún vecino de O Porriño una deuda de esa intensidad con el Ayuntamiento y el ayuntamiento se muestra tan benevolente?

2. ¿De qué dificultades y de qué exigencias habla la alcaldesa? ¿Echará la culpa a la anterior Ley? ¿Los Gobiernos que tuvo el Ayuntamiento de O Porriño no tienen nada que ver? Olvida la Alcaldesa que ningún gobierno municipal fue quien de llevar a cabo una regularización, ordenación y fiscalización de la minería, o al menos, un control sobre esta actividad. Mucho menos fueron capaces de dar solución a la histórica reivindicación de las comunidades de montes de Budiño y Atios sobre la propiedad de los montes donde se asientan las explotaciones. 

3. ¿Está de acuerdo la Alcaldesa con el impuesto que pagan las canteras al Ayuntamiento? ¿Cuál fue el criterio seguido para establecer el impuesto por ocupación del terreno? ¿Existen valoraciones de técnicos municipales en relación la este? ¿Existe control de la superficie ocupada por las explotaciones mineras?

En el año 2012, Eva García declaraba en prensa y en el Pleno que “el PSOE no será cómplice del intento de Nelson Santos de aprobar un ruego que apenas modifica el precio de ocupación de 1994 y que otorga grandes concesiones a los canteros, como la posibilidad de no pagar arrendamientos cuando estos no produzcan; o eliminen la cláusula de pago de liquidaciones, que las empresas de extracción del granito adeudan al Ayuntamiento desde ese mismo año, 1994”. También decía que consideraba “ridículo el precio de 1,20 €/m2 del impuesto de arrendamiento”, pidiendo una “Auditoría minera para comprobar el estado de cada explotación antes de fijar precios”.

4. ¿Ha previsto hacer este Gobierno, de una vez, el deslinde de las propiedades municipales donde se asientan las canteras y la identificación de todas aquellas superficies de terreno que están siendo ocupadas sin regularizar?

5. ¿Tiene identificadas el Ayuntamiento las zonas degradadas por abandono de la explotación minera y exigido a las concesionarias el cumplimiento de las condiciones de restauración? ¿Qué tipo de control ejerce el Ayuntamiento sobre esa actividad en materia medio ambiental?

Lo cierto es que las canteras deberían suponer una riqueza económica para O Porriño, pero la falta de protagonismo del Ayuntamiento para lograr una minería productiva pero sostenible, con la colaboración de todos los sectores implicados (empresas, comunidades de montes, trabajadores, vecinos, parroquias afectadas, etc.) propició la situación de descontrol que actualmente existe y así, los vecinos de O Porriño, más directamente los de Atios y Budiño, tenemos que soportar ruidos, temblores y contaminación de las aguas, aire y suelo. Vemos como el monte se va degradando y el paisaje transformando por la minería a gran escala, entre tanto, el Ayuntamiento no tuvo la más mínima implicación en lo referente a impactos sociales o medio ambientales y, mucho menos, en los económicos.

Cabe destacar el papel de las comunidades de montes de Atios y Budiño, que son las que realmente defendieron la integridad de los montes vecinales y denunciaron las perturbaciones causadas por la minería, frente a la pasividad mostrada por los sucesivos gobiernos municipales.

SEGUNDO: Que de una vez el gobierno afronte este problema y resuelva definitivamente las cuestiones fundamentales:

1. Negociación con las comunidades de montes que permita terminar con los litigios sobre la propiedad de los terrenos ocupados por las canteras

2. Iniciar un procedimiento de identificación y deslinde de los montes donde se asientan los terrenos ocupados por las canteras

3. Determinación precisa y objetiva de la deuda que tienen los arrendatarios de terrenos municipales ocupados por las explotaciones mineras con el ayuntamiento y puesta en funcionamiento de los mecanismos que resulten necesarios para su liquidación

4. Establecimiento de un nuevo impuesto, ajustado a la actividad empresarial que se realiza nos terrenos.

5. Fiscalización y control de la actividad minera por parte del ayuntamiento.“