En los dos casos carecían de las preceptivas licencias y ocupaban terrenos próximos al cauce de un río, donde no se puede construir por normativa urbanística
La Guardia Civil investiga a los responsables de dos obras ilegales, localizadas en el sur de la provincia, acusados de la comisión de un presunto delito contra la ordenación del territorio.
La primera de ellas se trata de una edificación de planta baja, en fase de ejecución, situada en Vigo dentro de la zona de servidumbre del río Pereiró que, además de carecer de licencia urbanística y de la preceptiva autorización del Servicio de Augas de Galicia, invade la denominada zona de policía del río e incumple ostensiblemente las distancias mínimas establecidas con las propiedades lindantes.
La otra obra, localizada en el municipio de Tomiño, situada en este caso a orillas del río Furnia, consiste en la instalación de una casa-móvil, con una pérgola adosada en fase de ejecución y una caseta de madera construida sobre una placa de hormigón.
Las infracciones que provienen de esta obra, aparentemente destinada a uso residencial, al igual que en el primer caso, son como consecuencia de la carencia de las preceptivas licencias, el incumplimiento de las condiciones de implantación y situación al no respetar el retranqueo establecido y su ubicación en la denominada zona de flujo preferente del río Furnia.
Las actuaciones llevadas a cabo por Equipo del SEPRONA de la Guardia Civil de Vigo concluyeron con la investigación del titular de la finca y el constructor de la obra, en el primer caso, y de la promotora y copropietaria en el segundo, todos ellos por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Las diligencias instruidas se entregaron en Vigo, en la Fiscalía Coordinadora de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
De forma simultánea todos estos hechos denunciados por vía penal también han sido puestos en conocimiento de los distintos órganos de la administración que tienen competencias en la materia, como son: La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, Augas de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
El pasado año, el SEPRONA denunció administrativamente 84 infracciones a la normativa sobre urbanismo y ordenación del territorio y se investigaron 2 casos por vía penal.