COGAMI aplaude el hecho de que se destinen plazas de aparcamiento reservado, pero estas deben de tener unos requisitos que no siempre se cumplen

 

En los últimos años, son muchos los ayuntamientos que están acondicionando las plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida, un derecho y necesidad que desde la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad -COGAMI- aplauden, ya que hasta ahora, las que había eran escasas o incluso inexistentes.

Sin embargo, desde la confederación, consideran que muchas de estas nuevas plazas reservadas no se ajustan a la legalidad, porque no cumplen ni con las dimensiones adecuadas, ni con la localización idónea, ni cuentan con accesos a la acera que sean accesibles.

Entre las quejas que llegan al servicio de información, asesoramiento y orientación de COGAMI, cabe destacar estas:

– Plazas que no tienen un tamaño adecuado a todos los vehículos adaptados, muchos de estos están habilitados con cuestas de acceso en la parte lateral o trasera.

– Al carecer de espacio suficiente, existe falta de seguridad para acceder al vehículo, teniendo que ocupar parte de la carretera, con el consiguiente riesgo que supone para la salud.

– Se hacen plazas reservadas, pero no se condicionan los accesos a las aceras, con lo que la persona tiene que desplazarse por la carretera sorteando coches circulando y estacionados.

– Es bastante frecuente que las plazas que se destinan a personas con discapacidad estén en zonas en las que hay colectores de la basura, pívots, papeleras y otros obstáculos urbanísticos, con el que se dificulta el uso de las mismas.

– No se dejan espacios mínimos para moverse alrededor de los coches.

Ante esta situación, desde COGAMI quieren recordar a los ayuntamientos, que existe una norma legal que se debe cumplir. Son los Ayuntamientos los que tienen la competencia, a través de ordenanzas municipales, para regular la materia de tráfico y aparcamiento en su localidad; por lo que entienden que deben ser estos, los que se ajusten a las indicaciones básicas que las normativas estatal y gallega dictan, respecto las condiciones de las mismas.