La Guardia Civil ha identificado a los titulares de una veintena de armas halladas en marzo en un taller clandestino de reparación

Estos se enfrentan a multas de 601 a 30.000 € sin perjuicio de las actuaciones penales que sigue el Juzgado de Instrucción nº 3 de Tui

 

La Guardia Civil ha denunciado por vía administrativa, a los propietarios de una veintena de armas que habían sido intervenidas el pasado mes de marzo en un taller clandestino de reparación, en el municipio de Tomiño.

El 16 de marzo, el Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra había detenido, en el marco de la operación “Susurro”, a un vecino de Tomiño acusado de la comisión de un presunto delito de tenencia, tráfico y depósito de armas y municiones.

En un galpón anexo a su domicilio, el arrestado tenía un taller clandestino de reparación en el que se le intervino una importante cantidad de armas de caza, armas cortas y abundante munición.

Sin perjuicio de las actuaciones penales que sigue el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Tui, la Guardia Civil inició un procedimiento administrativo para averiguar el origen de las armas y la identidad de sus propietarios.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Intervención de Armas de esta Comandancia concluyeron con la identificación de los propietarios de una veintena de armas que, aunque estaban perfectamente documentadas, habían sido ilegalmente cedidas, de forma temporal, para su reparación en un taller clandestino.

En consecuencia, la Intervención de Armas denunció a los propietarios de todas estas armas por una infracción grave tipificada como tal en la vigente Ley de Seguridad Ciudadana en concordancia con el vigente Reglamento de Armas, que pueden ser sancionados con una multa de 601 € a 30.000 €uros, cada uno de ellos

La mayor parte de los propietarios residen en distintas localidades de la provincia de Pontevedra: O Rosal (2), A Cañiza, Tomiño (2), Vigo, Pontevedra, Tui (5), Gondomar (2), O Porriño (2), Oia y Ponteareas; los dos restantes en las provincias de Lugo y Ourense.

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra será el organismo encargado de resolver los expedientes sancionadores que se incoaron al efecto.