Una vez han sido conocedores de que Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para el exalcalde el grupo socialista se aparta de esta causa aunque valora la continuidad en las que todavía quedan por resolver
La conveniente publicación la pasada semana -ya que dicha resolución fue de septiembre- relacionada con otro exalcalde de O Porriño, no ha conseguido ensombrecer la que se anuncia hoy con respecto al que fuese alcalde en la anterior legislatura, Nelson Santos.
Y es que la Fiscalía solicita para Santos una pena de 10 años de inhabilitación, por el delito de Prevaricación continuada; una petición que correspondería sólo a uno de los delitos por los que exalcalde popular está siendo juzgado -malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delito contra los derechos de los trabajadores…-.
En esta causa se le acusa de adjudicar, irregularmente -sin previo proceso administrativo y sin licitación-, contratos a varias empresas -limpiezas, residuos, actividades deportivas y de ocio, servicios eléctricos o labores de saneamiento- dirigidas o relacionadas con afinidades políticas, familiares o de favor, cuyas facturaciones ascienden a un total de 1,6 millones de euros.
Gran cantidad de estas facturas contaban con reparos de Intervención, departamento municipal que llevaba años advirtiendo mensualmente de estas irregularidades; aunque fueron levantados por Nelson Santos, que no dudaba en aprobar modificaciones de crédito para abonar esos “gastos urgentes”.
Conformes con la labor judicial desarrollada hasta el momento, el PSOE de O Porriño, personado hasta el momento como acusación particular, deja paso al desarrollo de esta causa aunque “seguimos valorando la continuidad en el resto de causas pendientes” explica la alcaldesa Eva García de la Torre, ya que afirma que “la función del grupo socialista en la causa era fundamentalmente informativa”.
Otra de las causas que Nelson Santos tiene pendiente en el Juzgado y de las que se están tomando declaraciones todavía, es la relativa a la supuesta retirada de multas de tráfico a ciudadanos, utilizando para ello datos de un camionero de nacionalidad portuguesa, sin que éste tuviese constancia de ello. En este procedimiento se encuentra personado el Ayuntamiento de O Porriño.