Redacción 31/08/2016

Este importe pertenece a la paga extra de Navidad del año 2012 que se retiró por Ley del Gobierno Estatal

 

El Equipo de Gobierno de Salceda de Caselas, formado por Movemento Salceda, ha autorizado el pago del 50% restante de la paga extra correspondiente a la extra de Navidad del 2012, puesto que la primera mitad ya habría sido abonada el pasado año.

Un total de 44 empleados, se habrían visto afectados de la privación de su paga extraordinaria debido a la aplicación del Real Decreto Ley 20/2012 del 13 de julio. Con esta devolución los trabajadores municipales recibirán en la nómina de este mes un total de 27.971 €.

El Ayuntamiento de Salceda se acogía el pasado año a la Ley 36/2014 de 26 de diciembre y al RDL 10/2015 de 11 de septiembre, que dejaban libertad a los Ayuntamientos para proceder a la devolución de ese porcentaje, dejando a partir del 2016 el restante. Para eso, era condición indispensable contar con el informe favorable de Intervención, en el cual se aconsejase que la situación económico-financiera del Ayuntamiento hiciese posible esta devolución; condición que se dio y sigue dando en el caso de Salceda de Caselas, según se concluye en el informe de la Interventora Municipal.

El Equipo de Gobierno de Salceda de Caselas, siempre se mostró en contra de la medida de la retirada de la Paga Extra del año 2012, aprobada por el Gobierno del Estado, por lo que ahora se acoge a la opción de la devolución del 100% que permite la Ley, una vez que se dan las circunstancias económicas precisas en el Ayuntamiento, para poder llevar a cabo esta devolución.

El concejal de Hacienda y Personal, José Luis González declara “seguimos defendiendo nuestra posición del 2012, cuando nos mostrábamos en contra de la retirada, por Ley y por parte del Estado, de un derecho básico de los trabajadores. Ante esta posibilidad legal, el Equipo de Gobierno así lo demuestra, acogiéndose a la posibilidad de reintegro de unos ingresos que nunca debieron ser retirados.

La alcaldesa accidental de Salceda, Loli Castiñeira reclamaba que “los empleados públicos pagaron una crisis de la cual no eran culpables, con continuos recortes y pérdida de derechos. Queremos pensar que esta no sea una medida electoralista y que realmente el Gobierno restituya los derechos adquiridos de los trabajadores”. 

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