Los responsables falsificaban las cartillas profesionales

Agentes de la Policía Nacional de Vigo imputaron ayer a la directora del centro de formación y a tres responsables de una empresa de seguridad por la presunta comisión de delitos de falsificación en documentos oficiales.

Las investigaciones comenzaron en febrero, cuando un vigilante de seguridad presentó una denuncia en la comisaría de Vigo – Redondela porque en su cartilla profesional aparecía certificado un curso que él no había realizado.

Estas cartillas, expedidas por la Dirección General de la Policía, deben entregarse  en régimen de depósito a la empresa contratante cuando el vigilante pasa a formar parte de la plantilla de una empresa. Durante este tiempo, los responsables de la entidad son los que anotan las diferentes situaciones administrativas del trabajador, así como los cursos de formación o actualización que pudiera realizar.

Cuando el denunciante finalizó el contrato con la empresa para la que trabajaba, ésta le devolvió su cartilla –como es habitual en estos casos- y fue entonces cuando el vigilante comprobó que le figuraba anotado un curso  que no había realizado sobre seguridad en eventos deportivos y espectáculos públicos del año 2013.

A raíz de este caso, los agentes encontraron dos denuncias similares y comenzaron una investigación más amplia y profunda para verificar posibles irregularidades por parte de un  centro de formación y de una empresa de seguridad para la que habían trabajado todas las víctimas.

Tras tomar declaración a una treintena de personas –entre vigilantes de seguridad, profesores y responsables del centro y de la empresa de seguridad- y remitir al Juzgado un total de 17 cartillas profesionales presuntamente falsificadas, se imputaron cuatro personas por un presunto delito de falsificación de documentos oficiales: la directora del centro de formación y tres responsables de la empresa de seguridad acusados.

Además, se descubrió que la empresa de seguridad había utilizado bonificaciones en el abono de sus cuotas a la Seguridad Social, por la formación ficticia recibida por los vigilantes; y que el centro de formación había  expedido dos diplomas  a una  persona de Murcia para que se presentase a las pruebas de vigilante de seguridad, si bien toda la formación se había realizado  en la modalidad “a distancia”, lo cual está prohibido por la normativa de seguridad privada.

Todos los hechos fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo, además de comunicárselo a las autoridades correspondientes por si el S.E.P.E. (Servicio Público de Empleo Estatal), o la Inspección de Trabajo, condenasen a la empresa a la devolución de las cantidades bonificadas, así como a cumplir las sanciones económicas correspondientes.