Redacción 15/12/2015

Tras prometer la clausura del recinto, ahora la alcaldesa recurre a la sentencia que declara nula la licencia de actividad del club

La directiva de la Comunidad de Montes de Atios ha emitido hoy un comunicado para criticar la decisión de la alcaldesa de O Porriño que, tras comprometerse a clausurar el campo de tiro ilegal en una reunión mantenida con los comuneros el día 5 de noviembre, ha recurrido contra la sentencia que declara fraudulento el permiso de actividad del club.
Según los comuneros, en la apelación presentada –en la que figura la firma del asesor jurídico Jerónimo Escariz- se argumenta que las instalaciones son fácilmente desmontables y que disponen de una captación de agua; algo que desmiente la directiva de la Comunidad de Montes, asegurando que las instalaciones llevan 17 años construidas a base de hierro, hormigón y granito “en la más absoluta ilegalidad” y que el único subministro de agua es un depósito portátil colocado sobre el techo de la cantina.
La licencia de actividad –emitida con carácter provisional por el anterior gobierno popular de Nelson Santos- fue declarada nula por el Tribunal Supremo el 26 de octubre, dándole por fin la razón a la Comunidad de Montes de Atios, que llevaban años denunciando las condiciones del recinto y los efectos perjudiciales para el monte.
Ahora, la directiva de la comunidad tacha de inesperada esta decisión de García de la Torre y asegura que la alcaldesa está cediendo a la presión de varios frentes: de los socios del club de tiro, “entre los que se encuentran miembros de la policía local y de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la comarca”, del secretario municipal, “aficionado a la caza y al tiro”, y a sus socios de gobierno, “miembros da la más revenida derecha porriñesa, alguno de ellos enemigo declarado de las comunidades de montes”.
“Será cuestión de tiempo, pero el campo de tiro, símbolo de la más vieja política, se acabará cerrando, pese a quien le pese”- concluye la nota de los comuneros, que declaran su oposición frontal “a una actividad ilegal, contaminante y perjudicial para los vecinos”.

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