Este grupo ha sido creado con el fin de luchar por el derecho de las mujeres a la libre elección de interrupción del embarazo tras la reforma gubernamental que se pretende sobre la ley del 2010

Las organizaciones políticas locales del BNG, CxG, YO-IU, Nos-UP y PSdG-PSOE; los sindicatos CIG y UGT y la organización juvenil Briga, acaba de conformar un grupo de trabajo de la Plataforma Gallega por el Derecho al Aborto en  Porriño.

Tras la celebración de una primera reunión constitutiva, ya se está trabajando en la convocatoria pública de movilizaciones y actos en los que puedan expresar el rechazo a la reforma de la ley del aborto que pretende aprobar el gobierno  actual. Desde esta plataforma hacen un llamamiento a la población animando a mostrar su oposición hacia esta innecesaria reforma, que supone un grave retroceso en las libertades y derechos de las mujeres.

Tras el anuncio gubernamental acerca de un cambio legislativo sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo, existe la posibilidad de que las mujeres se vean obligadas a alegar razones para justificar su decisión,  con la incertidumbre de que recaigan condenas judiciales o penas de prisión tanto para la madre como para el personal sanitario que practique abortos no amparados por la ley. Sobre la posible revisión del supuesto que recogía las malformaciones graves del feto, cómo razón para practicar este tipo de intervenciones “reclamamos una norma jurídica que permite a la mujer embarazada, dentro de un plazo determinado  de 14 semanas, a  realizar una interrupción del embarazo dentro del sistema público de salud, de manera gratuita y sin quedar supeditada en su actuación a la opinión o dictamen de otras personas”.

La ley de 2010 que se pretende modificar sólo garantiza el derecho a decidir, aunque lo más acertado sería fomentar políticas de educación sexual para prevenir embarazos no deseados y prácticas de riesgo. Esta plataforma está en total desacuerdo con el retroceso evolutivo de la sociedad, donde “las mujeres que podían económicamente, viajaban al extranjero para abortar, y las que no, lo hacían clandestinamente y sin garantías sanitarias. Las leyes restrictivas influyen poco o nada en el número de abortos que se realizan, pero sí determinan si estos se llevan a cabo en condiciones de riesgo o no”.

Las organizaciones políticas y sociales que forman la Plataforma Gallega por el Derecho al Aborto, defienden el derecho de las mujeres sobre su cuerpo, exigiendo al gobierno que cumpla con su responsabilidad de garantizar el aborto legal, seguro, gratuito y accesible como una demanda de derechos humanos, de justicia social y de salud pública.

“Las mujeres somos sujetas de derechos con plena capacidad para tomar decisiones de acuerdo a nuestras realidades y proyectos de vida, incluyendo la decisión de abortar o de ser madres, de tener hijos/hijas o no. Las mujeres somos personas autónomas, responsables, libres e iguales y, como tales, exigimos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas”.